UNA CHICANADA EN LA SCJN
#LaCuartaTransformaciónVa
A un mexicano no le espanta la palabra corrupción. Conoce bien el concepto y lo que implica. Sabe que corrupción significa conducta deshonesta. Trampa, robo, prevaricación, trafico de influencias y más.
Sabe que la administración pública fue tomada por la corrupción en forma violenta, a la llegada del neoliberalismo al poder. Porque si bien es cierto que la corrupción siempre ha existido, es con los gobiernos neoliberales donde un acelerado deterioro de valores, conducen al país a la inevitablemente a la ruta de la corrupción desaforada.
Todo se vende, aunque no sea nuestro. El patrimonio nacional se remata al mejor postor. La soberanía nacional se convierte en un concepto vacío y se permite al extranjero venir a saquear nuestros recursos, a cambio del porcentaje o la cuota acordada anticipadamente.
México vuelve a ser Tierra de Conquista y los capitales norteamericanos, españoles y canadienses preferentemente, llegan a invertir pocos recursos económicos, para llevar a sus países enormes capitales que son producto del saqueo nacional.
Ninguna institución o dependencia se salva. La corrupción lo invade todo, a la manera de una plaga. Se enriquecen unos cuantos, a costa de la miseria de millones de mexicanos. Y nace una burocracia privilegiada, ostentosa, con salarios fuera de toda proporción razonable, que trabajan no en beneficio del pueblo que paga sus altos honorarios, sino en favor de la causa de la corrupción, que se ha convertido en la única Ley aplicable en el país.
Quien paga manda. Y quien manda siempre tiene la razón. Así pasamos los últimos treinta y seis años, antes de la llegada de la Cuarta Transformación al poder y de la aplicación de un Proyecto Nacional, impulsado por el presidente López Obrador, que tiene como eje básico, el desterrar la corrupción en todas las esferas de gobierno.
Expulsar a la corrupción de toda dependencia pública, lleva tiempo. Además de que implica la necesaria participación de los funcionarios públicos de primer nivel, en cada organismo del gobierno federal, y de aquellos considerados autónomos.
Y este respaldo no siempre se ha dado. Hay reticencias de parte de quienes se formaron dentro de la cultura de la corrupción y por lo mismo no entienden, o no están dispuestos a aceptar un cambio.
Organismos como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto para la Transparencia, el Tribunal Electoral, el Instituto de Acceso a la Información, por citar unos cuantos ejemplos, han mostrado a los mexicanos que la corrupción, destierra toda moral y ética del funcionario que siente el espacio que dirige, como un pequeño reino personal. No aceptan cambios llegados desde el exterior y trabajan incansablemente para mantener a toda costa sus privilegios.
Políticos y especialistas que llegan al nuevo gobierno, pensando que las cosas no serán diferentes, salen por la puerta de atrás, al constatar que la guerra a la corrupción, va en serio. Así sucedió con Carlos Urzúa en la Secretaría de Hacienda y con Germán Martínez, en el Seguro Social. Jamás entendieron el cambio que vivía el país y su salida obedeció a que pretendían mantener las fórmulas opacas y poco honestas del pasado.
Los tres Poderes de la Unión padecían el mal de la corrupción y poco a poco se han ido depurando los esquemas de trabajo y la operación en las dependencias que conforman el aparato de gobierno en el país.
Sin embargo, vemos que quedan personajes impresentables, que hacen hasta lo imposible por mantener sus privilegios, usando mecanismos faltos de ética, que intentan parecer como legales, torciendo la Ley de la manera más burda y reprobable.
El Poder Judicial está invadido de corrupción. Hablando en términos generales, la Ley se sigue vendiendo al mejor postor. Los jueces dictan sentencias favorables a quienes tienen poder económico suficiente. Hacen compromisos con los grupos de Poder y son facilitadores para que los asuntos que llegan a juzgados y tribunales, terminen con resoluciones acordes a los intereses de quien cubrió el pago correspondiente.
La Ley no se aplica. Se vende.
El día de ayer, fuimos testigos de una maniobra indigna de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La discusión y votación sobre el proyecto que presentaba el ministro Luis María Aguilar, para dejar sin efecto el procedimiento de Prisión Preventiva Oficiosa, estaba programado para esa fecha.
Por lo que habían adelantado los ministros de la Corte, el número de votos a favor de suspender este tipo de detención para posibles responsables de cometer determinado tipo de delitos, no alcanzaba para dejar sin efecto el procedimiento. La Prisión Preventiva Oficiosa, se mantendría vigente, de acuerdo al número de votos que respaldaban su continuidad.
Pero antes de que pasara a discusión y votación el asunto, el ministro Luis María Aguilar, retira su proyecto y anuncia que elaborará otro, mejorado y con cambios cosméticos, para que en nueva revisión y votación se derogue este tipo de aseguramiento a infractores.
Lo que hizo el ministro Luis María Aguilar, con el aval del resto de los ministros, puede ser todo lo legal que se quiera. Pero no es ético. El proyecto elaborado ya era del conocimiento de los integrantes de la Corte. Lo habían leído y estudiado y estaban preparados para dar un fallos definitivo sobre el asunto.
Aguilar lo retira porque sabe que va a perder en la votación. Él está a favor de que se elimine la Prisión Preventiva Oficiosa. Y si ayer no iba a conseguir ese propósito, lo único que le quedaba era retirar el proyecto, para impedir el fallo a favor del mecanismo preventivo.
Aguilar puede elaborar un nuevo proyecto y ver si puede pasar favorablemente esta vez. Y si no es así puede retirarlo de nuevo, una y otra vez, hasta que asegure los votos a favor de la suspensión.
¿Esta acción es digna de un ministro? ¿Torcer la Ley hasta que se tiene asegurado el fallo que conviene, es ético?
Porque retirar un proyecto cuando el mismo está preparado y hay fecha para su presentación, discusión y votación, por el hecho de que no saldrá favorecido con el voto mayoritario, es vergonzoso. Es una forma de corrupción, que se da a la vista de todos.
La sociedad mexicana cambió mucho en los últimos años y se da cuenta de la forma en que se llevan los asuntos de gobierno y justicia que le interesan. Los ministros no han cambiado. Utilizan los mismos mecanismos ligados a la corrupción, que se emplearon durante el periodo neoliberal.
Y es lamentable que sean los ministros en la Suprema Corte, los que dejen constancia de las formas poco éticas que se usan dentro del Poder Judicial, para alcanzar fines específicos.
No es la búsqueda de la verdad y la justicia lo que prevalece. Se trata más bien de conseguir fines determinados, a toda costa. Aunque para ellos se tenga que pasar por encima de los procedimientos establecidos y de la ética.
Mal la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Cómo puede depurarse el Poder Judicial, cuando el Supremo Tribunal deja constancia de lo que un juzgador no debe hacer jamás?
Buscar fallos a modo, en la forma que sea, solo demuestra que la corrupción, sigue imperando dentro de ese Poder de la Unión.
En verdad es una vergüenza.
Malthus Gamba